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La justicia electoral nacional, sin ser la excelencia, ha marcado irregularidades en el financiamiento y rendiciones en las campañas electorales de varios partidos en el período 2007 y 2011. Entre los cuestionados están Hermes Binner y el Miguel Lifschitz. En Santa Fe, la justicia electoral debería investigar el origen de los fondos.
Entre otras innovaciones de la ley, propicia que durante la campaña electoral "la publicidad de los actos de gobierno no contenga elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos".
Tampoco podrán inaugurarse obras públicas o lanzar planes de alcance colectivo los cinco días antes del acto eleccionario. Además de transparentar el ingreso de fondos públicos y privados, obliga a rendir cuentas de los gastos que genere una campaña, fija límites de gastos, techos y pisos para cada calidad, y fija sanciones.
Todas estas disposiciones legales fueron violadas por varios candidatos y especialmente por el oficialismo. Bajo la excusa que los carteles de la vía pública no determinaban candidaturas, por lo que no se infligía la ley, Miguel Lifschitz inundó con su cara la provincia buscando instalarse porque los números de conocimiento no pasaban el 2%.
Los entendidos saben que una campaña a gobernador cuesta una fortuna y que es muy difícil encontrar financiamiento. Pero para que “Doña Juana” sepa de qué estamos hablando, le voy a dar unos datos:
Hoy contratar un séxtuple (afiche grande en los cercos de vía pública) cuesta entre $1.000 a $1.500 cada uno por 15 días, según la ciudad. Lifschitz contaría con 300 en Santa Fe y 600 en Rosario. En enero-febrero habría duplicado la apuesta porque se le caía la candidatura. Una estática en ruta cuesta entre $8.000 a $15.000 por mes. Los carteles en ciudades o en muros de edificios en altura salen entre $ 10.000 a $30.000 por mes. Las telas vinílicas cuestan entre $ 5.000 y $12.000 cada una. La impresión de los 1.000 afiches séxtuples cuesta entre $30.000 a $50.000 cada tema. Miguel lleva más de 15 temas, solo y con candidatos locales. Saque cuenta. Una encuesta provincial sale entre $ 60.000 a $70.000, una muestra local entre $25.000 a $30.000. El oficialismo tendría datos semanales para ir corrigiendo su campaña. Hay que conformar de un plantel de profesionales (sociólogos, psicólogos, publicitas, analistas, etc.) que desarrollen la estrategia publicitaria. Contratación de un ejército de “cibermilitantes” con perfiles truchos para contestar todas las acciones en las redes sociales y en los programas que marcan tendencia. Contratos en distintas reparticiones públicas a militantes y dirigentes para sumarlos a la campaña. Acuerdos con los medios y periodistas afines para sostener el discurso oficial y destruir a candidatos que puedan arrebatarle el poder. 441 candidaturas en toda la provincia que seguramente tendrán el compromiso del financiamiento electoral. Planificación de recorridas barriales, contratación de referentes para pintadas y acción social. Traslados al acto eleccionario con movilización en autos y colectivos. Contratación de fiscales en todas las mesas. Servicio de catering en 8.800 mesas de la provincia. Etcétera, etcétera, etcétera… que ustedes ya saben.
Según los entendidos, esta campaña –con estos niveles de compromisos y acciones– rondaría los $200 millones.
La diferencia con los demás candidatos es abismal. “Es imposible competir contra este aparato, es una lucha desigual” nos decía Mario Barletta, que se atrevió a enfrentarlo y debió digerir que muchos correligionarios se cruzaron de vereda por el dinero y el calor del poder.
Pero con todo el despliegue económico, el oficialismo no puede instalar a Miguel Lisfchitz, que sigue detrás de Miguel Torres del Sel en todas las encuestas, hasta las del gobierno.
La contracara de este accionar es Del Sel, quien mantiene su liderazgo sin haber puesto ningún afiche hasta la fecha ni realizada ninguna acción publicitaria. “¿Nadie controla la publicidad, no estaba prohibido hacer campaña hasta 30 días antes?”, se quejó Del Sel ante un grupo de colegas que no se animaron a responder.
Sabemos que hay mucho dinero en negro en las campañas y que no son parte de las rendiciones oficiales, sólo hay que ver las irrisorias presentaciones realizadas últimamente ante el tribunal electoral. Hoy la ley electoral provincial establece que la boleta única y la pauta publicitaria en radios y TV es pagada por el Estado. Una excusa para minimizar gastos. En la PASO, la pauta publicitaria es un tercio del total de la inversión para las dos elecciones provinciales; no alcanza para nada con la cantidad de candidatos y listas presentadas. Igual se debe invertir en esos medios utilizando las otras herramientas como son las publinotas, estáticas de fondo, etc.
Todos los partidos deberían aclarar el origen de sus fondos, pero especialmente el FPCyS porque el gran operador es el socialismo que maneja cuentas públicas de la provincia, donde se podrían enmascararse gastos y/o conseguir apoyos de proveedores habituales o con algunas promesas.
Otra de las dudas que dejan estas elecciones es el gasto de la impresión de la boleta única. Este año se adjudicó en $ 174 millones de pesos a dos empresas nacionales. Una cifra impresionante para las dos elecciones. Algunas consultas realizadas a imprentas con capacidad de realizar la impresión revelan que no debería costar más de $ 23 millones. Ya denunciamos en el 2011 el caso de una imprenta local a la que no le permitieron participar y que había presupuestado $2 millones contra los $23.135.208 de la UTE ganadora. Luego esta imprenta se encargó de imprimir toda la folletería y afiches de Bonfatti. Nunca más hablaron. Raro, ¿no?
Analicemos los números de la presente licitación. Se imprimirán 16 millones, un poquito más que en 2011, pero este año se acordó reducir el tamaño de las boletas para ahorrar en papel. En el 2011 costó a razón de $1,40 aproximado por boleta, cuando la oferta desestimada era de 0,14. Si tomáramos la base pagada por el gobierno en el 2011 ($23 millones) con una actualización del 100% por la inflación real en 3 años, no se debería superar los $75 millones. ¿Por qué 100 millones más? Alguien debe explicar por qué se pagará $11 por cada boleta, algunas en formato A3 y otras en A4.
Por Carlos Delicia Sin Mordaza
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