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Dicha medida es una de las que se sugieren en el estudio actuarial, que advierte sobre el rojo creciente en los próximos años. Amsafe y ATE expresaron su rechazo categórico. UPCN aclaró que no tiene una posición institucional tomada, pero a priori, también se manifestó en contra.
La situación de la Caja de Jubilaciones de la provincia inquieta a los principales gremios estatales, pero más les preocupan las medidas que podrían adoptarse para intentar revertir una situación deficitaria desde hace años. Como publicara El Litoral en su edición del sábado, un estudio actuarial pedido por las propias autoridades del organismo previsional advierte que el rojo seguirá creciendo afectando la cantidad y calidad de los beneficios que se pagan, si no se adoptan algunas decisiones a tiempo. Y entre las eventuales medidas a tomar recomiendan aumentar el aporte de los activos y referenciar el haber máximo de la provincia en el sueldo del gobernador, y no en el del presidente de la Corte.
En diálogo con El Litoral, la titular de Amsafe, Sonia Alesso, cuestionó primero, que fuese una entidad privada quien realizara el estudio actuarial. “Cuando se planteó el tema, habíamos sugerido que el estudio lo hiciera un organismo público, como la UNL o la UNR, que tienen un mayor control y garantizan una mayor confiabilidad”, mencionó. Y en segunda instancia, rechazó cualquier intento de subir los aportes. “Nos oponemos a esa posibilidad; si ahora se jubila más gente que antes, es porque años atrás la legislación era mala. Pero eso no significa que la situación se desequilibre. El sector docente -recordó- es superavitario y la relación activo-pasivo es muy grande (cuatro a uno, aproximadamente)”.
La dirigente refutó las explicaciones de quienes atribuyen el déficit a la mayor cantidad de docentes que se ha jubilado en los últimos años. “Es cierto que se jubiló más gente, pero eso fue porque las condiciones mejoraron. Antes, había maestros que no se jubilaban pero seguían haciendo sus aportes, producto de las leyes de emergencia que también rigieron durante años en la provincia”, dijo.
“Rechazamos categóricamente cualquier intento de modificar las alícuotas -enfatizó-. Creemos que eso es volver a las políticas de los noventa, y ya sabemos lo que pasó después”.
Inaceptable
El titular de ATE, Jorge Hoffman, también hizo una lectura crítica del estudio. Consultado por El Litoral, contó que la copia fue entregada en el ámbito de la comisión de asesoramiento previsional, que integran los gremios como representantes de los activos y también pasivos, y deslizó las primeras reflexiones.
“A priori podemos observar que la proyección que se está haciendo del crecimiento del empleo público (y que derivaría dentro de quince años en una relación de 1,9 activos por cada pasivo) es excesivamente conservadora. Otra cuestión es que se habla sólo del aumento (del aporte) patronal y salarial pero no del aporte sustitutivo, que realiza el Estado a través de Rentas Generales. Hay que decir que en el régimen nacional, el 40 por ciento de la masa destinada a jubilaciones y pensiones proviene de Rentas Generales, es decir, de los impuestos, por lo que el déficit en el sistema de seguridad social no debería ser desechado ipso facto. De lo contrario, el sistema nacional sería absolutamente insustentable”, planteó.
Para Hoffmann, todas estas variables modificarían las proyecciones plasmadas en el estudio actuarial. Por otra parte, se quejó de que la provincia responsabilice del déficit a la Nación. “Me parece inapropiado que el gobierno siga insistiendo en echarle la culpa a la Nación. Eso le quita seriedad al tema”, opinó.
Con respecto a la posibilidad de aumentar los aportes, advirtió que ello amerita “una evaluación mucho más profunda”, aunque adelantó que “resultaría inaceptable aumentar el aporte a los sectores de menores ingresos. En cualquier instancia en que se discuta o redefinan las reglas, vamos a sostener que el sistema de seguridad social debe redistribuir ingresos para que haya justicia. Y eso -advirtió- significa que de ninguna manera se puede pretender que los sectores que menos ganan aporten más”.
Prudentes
Desde UPCN, Roberto Francucci, que integra por su gremio la Comisión de Asesoramiento Previsional, también adelantó que se opondrían a que los activos deban aumentar sus aportes, aunque aclaró que no es homogénea la situación en todos los sectores, lo cual obliga a “ser prudentes” en el análisis que se haga.
“Nos inclinaríamos por buscar alternativas que no pasen por el aumento de los aportes, pero no avanzamos demasiado -aclaró-. Haremos un análisis gremio por gremio y luego, en la comisión, empezaríamos a conversar con las autoridades del gobierno para ver qué es lo que se puede hacer”.
Francucci admitió que el tema genera preocupación. “Obviamente -reconoció-, tenemos que sentarnos a hablar porque va a llegar un momento que será tanta la plata que tendrá que poner el Tesoro, que la propia sociedad se va a poner en contra”. Según dijo, evaluarán las causas que se sindican como causantes del déficit. “Y si son correctas -adelantó-, pediremos que se hagan las correcciones sobre esos puntos, antes que exigirnos otro tipo de medidas”.
El dirigente insistió en aclarar que no tienen aún una posición institucional tomada, pero aclaró “si se le pide un mayor aporte a los sectores de menores ingresos, los que más ganan también tienen que dar una señal”, concluyó.
Más crítica
Desde la Asamblea Permanente de Jubilados y Pensionados, José Cándido, sumó críticas al informe. Recordó que ya del análisis del balance de la Caja de 2010 surgía “con claridad que el sistema era insostenible financieramente”. Planteó que a esa situación “se le suma que la provincia delegó las paritarias del Poder Judicial en una jurisdicción ajena por la llamada Ley de Enganche”, y cuestionó que con “los parches” que se le han aplicado a la ley con las sucesivas reformas, sólo se ha agregado “mayor inequidad entre los propios aportantes y beneficiarios”
Cándido recordó que desde la Asamblea Permanente de Jubilados “hicimos un aporte (en 2011) para ser discutido en la Legislatura llamado Pacto de Oroño”. Sin embargo, reprochó que “el Poder Ejecutivo (en los últimos siete años) jamás mandó un mensaje a la Legislatura para ser debatido. Es una pena que hoy se quiera responsabilizar a la Nación, cuando los incumplimiento de la llamada armonización entre Santa Fe y Nación corresponden a la provincia. El déficit -sostuvo- no se cubre desde el año 2007 por propia ineficacia santafesina”.
Fuente El Litoral
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