Metros cuadrados -Reconquista

Algunas veces la pertenencia a una clase social, la división entre quienes tienen plenos derechos y los que tienen pero un poco menos, puede medirse en metros cuadrados… y Reconquista tiene una larga historia en esa forma de usar la regla. Un nuevo capítulo lo están jugando en estos días su poder político: su Concejo y su Ejecutivo.

Por Matías Ruiz Díaz Yoris *

Resumiendo: a raíz de la gravísima situación de déficit habitacional que estalló con la toma masiva de tierras por parte de unas 600 familias, en el invierno último, parece que el Estado se puso a buscar respuestas un poco más urgentes que las hasta ahora dadas, y al oficialismo y parte de la oposición se les ocurrió facilitar el acceso al terreno propio a algunos vecinos de las tomas ("usurpaciones", en el léxico hegemónico) mediante la metodología del “lote social”: cada vecino podrá pagar su lote en cuotas, al valor de unas 360 bolsas de cemento, con un plazo mínimo y un máximo, y un piso de tres bolsas mensuales… hasta ahí todo bien: por fin una política que pone el lote al acceso de las familias más vulnerables, y no subordina su precio a los mecanismos de mercado.

Ahora bien: mientras las ordenanzas vigentes en Reconquista (como la 4.027/98, o Plan de Ordenamiento Urbano) establecen que cuando se trate de parcelas en áreas sin servicio de agua potable y cloaca, la superficie mínima no podrá ser menor a 300 m2, para el caso de los lotes sociales nuestros dadivosos concejales pretenden que los lotes sean de 180 m2 (poquito más de la mitad). ¡Si total son estos pobres, que no tienen para comprar una parcela en el Club de Campo La Rural, no irán a quejarse porque la superficie no cumple con las condiciones mínimas para un adecuado saneamiento –condiciones mínimas que establece una ordenanza, además–!

Genealogía

Y decía: Reconquista tiene una larga historia en hacer del territorio una marca de la subordinación, o en reflejar la subordinación en el territorio –que viene a ser lo mismo–.
Algunos de los hitos de esa genealogía –que no desarrollaremos en su totalidad por una razón simple: desconocimiento– ya se inician con el fundador, Obligado –cuyos restos mortales ahora, paradójicamente, se quieren mover unos metros, aunque lineales, no cuadrados–. Los panegiristas del militar recuerdan a quien quiera oírlo que, luego de la “Reconquista”, Obligado repartió lotes entre los aborígenes… claro que hay que decir que lo hizo entre los que formaron parte de su fuerza represiva o de los que aceptaron someterse –para los demás hubo cruentas persecuciones sólo limitadas por la capacidad operativa del barbudo prócer–. Claro que si tu hábitat y modus vivendi es el monte y la recorrida periódica de muchos Km2 para buscar alimentos, los 500 m2 cedidos por el Estado a los indios sumisos eran el equivalente a dejarlos estaqueados en un punto fijo, obligarlos a reconvertir su forma de vida libre en otra subordinada al plan del blanco… Y ahí comienza esa larga historia del “encima que les damos, se quejan…”

Después damos un salto grande: si hubo un gobierno en la Argentina que se jactó de sus similitudes con la generación que llevó adelante las “Campañas del Desierto” –entre ellas, la de nuestro “desierto verde”– fue el de la última dictadura militar. Y en Reconquista, la dictadura dejó su marca en el espacio: una de sus obras maestras fue el traslado de los vecinos asentados en la zona de la Frontera –en el actual Camping Municipal– y de otros asentamientos -¡horror: en esas épocas de orden y progreso había asentamientos en terrenos fiscales, privados y en calle públicas!– hacia un terreno adquirido a tal efecto. El problema: dicho terreno, el actual barrio Guadalupe, estaba ubicado en un área que el Plan de Ordenamiento Urbano sancionado sólo dos años antes dejaba reservado para “quinta residencial” (Q-R-2), cinco km del resto de la ciudad. Pobre Derendinger, que hizo ahí su quinta y se la llenaron de pobres… Si Chilavert hubiera estado en la vecinal, eso no pasaba.

Bueno, pero el punto es: el Plan de Ordenamiento Urbano de 1977 prohibía establecer ahí un loteo, a menos que… se constituyera como "Núcleo Urbano Independiente", es decir, compuesto por unidades habitacionales que incluyeran “todo el equipamiento comercial y educativo y los servicios de infraestructura: pavimento, luz, agua, etc.” y además, sólo si “se asegura una vinculación directa y pavimentada con el área urbana”. Claro que nada de eso (nada) existía en el barrio Guadalupe ni en su planificación.

Y otra vez la vieja historia: aun cuando el Plan Regulador había establecido una superficie mínima de 200 metros cuadrados, el gobierno municipal a cargo de Dacci se lo pasó por el ort… perdón: hizo caso omiso, y aprobó para Guadalupe una superficie de escasos 150 m2… 10 x 15. Total, ¿para qué más? ¿o encima que les cumplimos el sueño del terreno propio, se van a quejar?

De todas maneras, estábamos en dictadura: estas cosas en democracia no pasan… Bueno, no tanto. Porque en 1999, pocos días después de ser reelecto como intendente, nuestro bienamado Héctor Nazario “Tato” Ocampo violó el recientemente aprobado Plan de Ordenamiento (de 1998) para reducir el tamaño de los lotes en Nuevo Luján, a fin de poblarlo con la mayor cantidad de gente posible. En ese momento en el periódico Edición 4 pusimos en la tapa uno de esos aparatos de sacar número para hacer cola (“Saque su número”), ya que era vox populi que el Tato había prometido más lotes que los que había realmente, con las consecuencias de que los “beneficiarios” debieron sacar números para acceder a ellos (por un lado) y que el Concejo debió nuevamente hacer caso omiso a una norma que pretendía ordenar el territorio y legislar aceptando lotes más chicos (por otro).

Ni el derecho al pataleo

Todo esto sin contar las promesas de sistema autónomo de agua potable, que en el caso de Nuevo Luján tardó casi una década en llegar. Y sin tener en cuenta que esos barrios no cuentan con cloacas –bueno, ahora con el Promeba algunos van a tener–, por lo que terrenos más chicos de lo establecido equivalen a más pozos negros en una superficie menor, con los riesgos que ello implica para el saneamiento ambiental y la salud de sus habitantes. Y sin tener en cuenta que muchas veces se afecta a familias numerosas y compuestas por abuelos, tíos, primos, que ven aumentado su hacinamiento al ser confinados a lotes más chicos que lo que cualquier concejal o intendente aceptaría habitar.

Y sin contar con el manoseo de las necesidades de la gente, que ante la urgencia de un lote donde levantar su vivienda acepta este tipo de reducciones de derechos e incluso se manifiestan a favor de la aprobación con una superficie menor, convirtiéndose de hecho en ciudadanos de segunda… que ni siquiera ya se quejan.

*Profesor de Historia, egresado del Instituto Superior del Profesorado N°4 “Ángel Cárcano”