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El último sábado, tres mujeres que se desempeñaban en el BOU fueron arrestadas por su presunta vinculación con el caso que puso de manifiesto un enquistado problema de corrupción dentro de la fuerza.
En total suman ocho los uniformados que desde la semana pasada se encuentran privados de la libertad y a la espera de prestar declaración indagatoria bajo las imputaciones de "asociación ilícita, extorsión y peculado", por el supuesto manejo irregular de adicionales en la Brigada de Orden Urbano de la Unidad Regional Uno.
A los cinco detenidos el miércoles pasado, se sumaron tres mujeres que revistan en la misma repartición, y que tendrían vinculación con la causa. Las capturas se produjeron el sábado, mientras en la Dirección de Asuntos Internos avanzaban con las declaraciones sumarias, que en total alcanzaron a más de 200 efectivos de la fuerza.
Las actuaciones llegaron hoy al Juzgado de Instrucción Segunda de Nicolás Falkenberg, quien esta semana deberá indagar a las personas que se encuentran detenidas.
En disponibilidad
Asimismo, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, informaron oportunamente que los efectivos fueron apartados de sus cargos y pasados a disponibilidad con sumario administrativo, mientras avanza la causa judicial.
De los ocho detenidos sólo dos revisten cargos jerárquicos dentro de la fuerza, y estos son el jefe de la Brigada de Orden Urbano y el jefe de la Agrupación Cuerpos.
En cuanto a las mujeres policías, la determinación de privarlas de su libertad surgió el fin de semana, cuando se detectó que tendrían algún grado de complicidad y participación. Según trascendió esta mañana, las mujeres habrían estado a cargo de "salir a recaudar" y "de la parte organizativa", como la administración de los libros donde quedan registradas las horas y tareas del personal.
Dos allanamientos
Todo comenzó el miércoles pasado con dos allanamientos realizados en un departamento ubicado en zona de la avenida Artistóbulo del Valle, y en la terminal de colectivos donde funciona la Brigada de Orden Urbano. Durante el procedimiento fueron privados de la libertad dos jefes y tres agentes de rango inferior, dos de ellos choferes de la repartición.
En un parte oficial del Ministerio de Seguridad se consignó la semana pasada que el operativo "está vinculado a una investigación que procura determinar la existencia de irregularidades en torno a la administración de Servicio de Policía Adicional (SPA) y Horas de Servicio Policial Extraordinario (Hospe), a cargo del BOU del departamento La Capital".
Por su parte, el secretario de Control de Seguridad, Matías Drivet, dijo entonces que se trata de "una consecuencia de cambios que se le había sugerido desde la conducción política del Ministerio de Seguridad al jefe de la URI", Omar Odriozola.
Bajo la mira
La Brigada de Orden Urbano del departamento La Capital pasó en menos de dos meses a manejar de 500 a 200 efectivos que fueron reasignados en sus funciones. Según se presume, un gran número de agentes que revistaban en dicha repartición no cumplían con las tareas por las cuales perciben su salario y en cambio eran designados a servicios adicionales que debían rendir a sus jefes. Todo este proceder contaría con una cadena de complicidades que comienza en lo más alto de la estructura policial y se ramifica en los subalternos.
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