"Se está produciendo una privatización encubierta"

El abogado Néstor Oroño estuvo en Sin Mordaza TV para dialogar acerca de la denuncia penal que presentaron contra varios funcionarios del ejecutivo provincial.

Denunciaron penalmente al Fiscal de Estado, Pablo Saccone, al Inspector General de Personas Jurídicas, Ricardo Silbertein y a otros funcionarios de Fiscalía de Estado por delegar, de modo ilegal, funciones públicas en particulares promoviendo privatizaciones encubiertas.

Al respecto, el Dr. Néstor Oroño explicó: "En el día de ayer se realizó o una denuncia penal. El diputado Héctor Acuña con mi patrocinio letrado, en relación a un contrato de fideicomiso que se celebró entre BMR fideicomiso y mandato S.A, que es una sociedad anónima con sede en la ciudad de Rosario, y el señor fiscal de Estado, el Dr. Saccone y el inspector general de persona jurídica Dr. Silbertein, celebrando un contrato de fideicomiso para la remodelación puesta en valor y refuncionalización del edificio donde funciona la inspección de persona jurídica en la ciudad de Rosario.

Entendemos que bajo esta modalidad de fideicomiso que es un contrato propio del derecho civil, se ha soslayado todo el régimen de contratación de obra pública legislada en la ley 5188 que prevé dos modalidades de adjudicación de la obra pública a través de la licitación pública o el concurso de precios. Se ha soslayado toda esta normativa y además el fideicomiso tiene un objeto amplísimo, tanto es así que el fiduciario, la sociedad anónima que contrato con la provincia tiene facultades para designar personal, realizar eventos, en fin una serie de potestades se le otorgan mediante este contrato de fideicomiso que entendemos son violatorios de esta ley que ya mencioné y de la 12510 de administración eficiencia y control del Estado". 


Además, el Dr. aclaró: "Es un contrato muy llamativo para su utilización en lo que es la gestión de los fondos públicos. Hay que tener presente que para la gestión de los fondos públicos hay una legislación específica tanto en materia administrativa como en materia penal, que tiene como objeto fundamental en primer lugar la normal gestión de los fondos con apego a la normativa vigente; en segundo lugar mantener la imparcialidad de los funcionarios públicos al momento de tener que adjudicar obras públicas y por supuesto la transparencia en todo lo que es la gestión de los fondos públicos. No está en juego la conveniencia económica, la bondad o la desventaja económica del negocio sino lo que está en juego son estos principios que rigen la gestión de los fondos públicos. Lo que se busca mediante toda la normativa legal es evitar la discrecionalidad del funcionario en el manejo de los fondos públicos". Y continuó: 


"La legislación penal es muy clara. El delito de malversación no castiga la sustracción sino la mala inversión de los fondos. Persigue eliminar la discrecionalidad del funcionario en el manejo de los fondos públicos y se haga con un apego a la legislación vigente. Firmando este contrato en gran medida se ceden muchas potestades porque tiene un objeto sumamente amplio. El fiduciario tiene facultades para contratar personal, para realizar eventos, no se le pone ningún límite en cuanto a la contratación con tercero que van a ser quienes ejecuten las obras, los trabajos que forman parte del objeto societario. En gran medida la provincia está delegando, se está produciendo una privatización encubierta de lo que es al menos la gestión referida a la inspección de personas jurídicas sede de Rosario". 


Asimismo el letrado se refirió a los delitos que se estarían cometiendo: "Los delitos que entendemos se están cometiendo son de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque hay una normativa que no se ha observado, y abuso de autoridad que es la contracara del mismo delito. Y también podría haber algún tipo de negociaciones incompatibles porque tenemos la situación particular de un funcionario de fiscalía de estado que a su vez en este esquema contractual ocupa el rol de asesor del fiduciario, que el fiduciario es la sociedad que contrató con el estado. Eso surge de la letra del propio contrato. En ese caso habría claramente una negociación incompatible que también es un delito tipificado en el código penal.

Otra cuestión que hacemos notar es que las cuestiones inherentes a los diferendos que puedan meterse por contrataciones del Estado provincial se deben dilucidar ante el fuero santafesino, inclusive la cámara contenciosa administrativo, que tiene atribuida la competencia específica. También hacemos notar que habría también un exceso en la actividad de los funcionarios públicos respecto de esta cuestión".


Con respecto a los implicados, Oroño aclaró: "Indicamos que podrían tener responsabilidad penal el señor fiscal de estado, Saccone, el inspector de personas jurídicas, Silbertein, dos funcionarios de la inspección general de persona jurídica, el contador Diego Reichel y el señor Marcelo Fontana. Y habría que indagar bien la situación del representante de BMR Mandatos y Negocios S.A que suscribió al contrato, el señor Edgardo Varela. 


Por último, el abogado se refirió a las medidas que deberían tomarse de ahora en adelante: "Entendemos que la primera medida que debe tomar el fiscal es requerir o secuestrar ese contrato de fideicomiso, luego también habrá que verificar la situación dominial del inmueble donde recayó el contrato que es la sede de la inspección general de persona jurídica de Rosario. Entendemos que es un bien perteneciente al dominio público por lo tanto sujeto a la normativa de las leyes que ya mencioné. Así que en principio creemos que más allá de lo que evalúe el fiscal que entiende la causa como medidas, creemos que son dos medidas básicas para poder llevar adelante la investigación".

Fuente: Sin Mordaza