SIN CARGOS, EL NUEVO SISTEMA PENAL PUEDE COLAPSAR EN BREVE

Julio De Olazábal, fiscal general de Santa Fe, pidió que se incorpore el personal que estableció la ley. Hacen falta 76 fiscales, 42 funcionarios y 238 empleados judiciales en la provincia para poder atender las demandas de la acusación y los juicios orales y públicos en el segundo semestre del año.

El fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal, presentó un informe de gestión a 100 días del debut del nuevo sistema de justicia penal. En ese contexto, contó cómo marcha la implementación del modelo acusatorio, dio a conocer algunas estadísticas y, principalmente, solicitó los cargos comprometidos por ley: si no, advirtió que será difícil prestar un buen servicio.

El primer dato concreto que señaló De Olazábal fue que al Ministerio Público de la Acusación (MPA) le faltan 76 fiscales, 42 funcionarios y 238 empleados para las labores burocráticas. Por ese motivo solicitó al Poder Ejecutivo que acelere los concursos de fiscales –la semana pasada se hicieron pruebas de oposición– y a la Corte Suprema que designe a las personas ya seleccionadas.

El funcionario no se anduvo con medias tintas y remarcó que sin las designaciones que hacen falta en pocos meses aparecerán los problemas. Esto es, porque además de atender las audiencias imputativas (de acusación) y de prisión preventiva el mismo volumen de personal tendrá que preparar los primeros juicios orales y públicos en el segundo semestre del año.

Es decir, haber arrancado con una carga de trabajo cero ya es historia, la maquinaria está funcionando y la única manera de que no colapse el nuevo modelo es con más fiscales para atender la demanda y el sistema en general. A todo eso también hay que sumar el trabajo en la persecución penal establecida en las políticas criminales del Ministerio Público de la Acusación.

Por caso, De Olazábal reconoció que hoy la mayor cantidad de casos en los que actúan los fiscales son aquellos de delitos flagrantes, o sea, “los de poca monta”. Y por eso el objetivo es tener un equipo más grande que pueda atender investigaciones complejas y los llamados delitos de guante blanco, entre otras cosas.

El andamiaje burocrático

Además, recordó que “no sólo se está poniendo en marcha un nuevo sistema de persecución penal, sino que se está poniendo en marcha todo un nuevo sistema de administración de justicia penal”. Allí surge un interrogante, 125 de los 214 actuales empleados son pasantes y a pesar de la buena voluntad y la pericia demostrada no cuentan con experiencia.

El titular del MPA valoró el aporte laboral y profesional que hace este grupo de trabajadores pero remarcó que la Ley Nº 13.218 –de cobertura de cargos de personal– plantea la incorporación de 293 empleados, y hasta hoy sólo fueron designados 55. A ellos se suman 34 empleados que fueron traspasados del viejo sistema judicial y los 125 pasantes que envió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Yo quiero señalar que el sistema está hoy funcionando por el empeño que están poniendo todos los fiscales y los fiscales regionales”, añadió el fiscal general. Y ante la consulta periodística de cuándo serán nombrados los 78 cargos de fiscales y fiscales adjuntos que aún faltan cubrir, expresó: “No tengo información precisa de cuándo será, pero sí puedo decir las gestiones que se han hecho”.

“Hemos logrado que la semana pasada se llevaran adelante los últimos concursos para toda la provincia. Falta pasar algunas entrevistas y después comenzar con las postulaciones y esperar el nombramiento (en la Legislatura)”, remarcó Julio De Olazábal, que quiere contar con esos cargos “en tres o cuatro meses”. El 54 por ciento de los cargos están vacantes y el otro 46 por ciento son los 66 fiscales que hoy están trabajando.

Otro aspecto importante pasa por el número de funcionarios disponibles en las fiscalías de todo el territorio, ya que hay 17 designados y 42 lugares sin cubrir. “Cada vez son más necesarios –dijo– para que los fiscales puedan llevar adelante su gestión, porque un fiscal en estos primeros meses pudo hacer trámites, ir de un lugar para el otro y asistir a las audiencias, pero poco a poco esto se va a complicando y para por eso necesitamos a los funcionarios”.

Dichos empleados jerárquicos son los que “deberán estar en las relaciones con la Policía, en la preparación de legajos (carpetas con documentación y algunas pruebas específicas) y de una cantidad de elementos que los fiscales necesitan para concurrir a las audiencias imputativas, a las audiencias de prisión preventiva y que hoy en día no los tenemos”.

El fiscal general recordó que la mayoría de los cargos vacantes ya fueron concursados y que ahora esperan que la Corte Suprema eleve esas nominaciones al Ejecutivo para que las apruebe. Es una demora que preocupa y que por ahora resulta inentendible para las autoridades del Ministerio Público, aunque confían en que dichos trámites tomarán impulso.

Conferencia de prensa

—De Olazábal, hay críticas desde los Colegios de Abogados porque los fiscales sólo investigan o llegan a imputar personas en aquellos hechos de flagrancia y hay poco tiempo y pocos recursos para investigar delitos mayores.

—Es real esa crítica, parcialmente, porque efectivamente los fiscales limitados en su tiempo y en la cantidad de recursos disponibles se deben concentrar en los casos más urgentes: en aquellos donde hay personas detenidas.

“Esto –continuó– está impidiendo que se desarrolle el Plan de Política Criminal que ya tiene elaborado el Ministerio de la Acusación, uno de cuyos postulados es no concentrarnos en el delito de poca monta sino concentrarnos en hacer una persecución penal inteligente. Eso requiere mayores disponibilidades de personal y confiamos que tanto la Corte como el gobierno provincial acelere las designaciones”.

Por otra parte, dijo que en los primeros 100 días de modelo acusatorio o adversarial los fiscales participaron en 1.621 audiencias en toda la provincia, de las cuales el 48,98 por ciento de las mismas se hicieron en los Tribunales de la Circunscripción Rosario; el 31,03 por ciento en la Circunscripción Santa Fe; el 9,50 por ciento en la Circunscripción Venado Tuerto; el 5,68 por ciento en la Circunscripción Rafaela; y el 4,81 por ciento en la Circunscripción Reconquista.